Violencia

"Chagnon afirma que las mujeres yanomano esperan ser maltratadas por sus maridos y que miden su estatus como esposas por la frecuencia de las pequeñas palizas que éstos les propinan. Una vez sorprendió a dos mujeres jóvenes discutiendo sobre las cicatrices de su cuero cabelludo. Una de ellas le decía a la otra cuánto la debía querer su marido puesto que la había golpeado en la cabeza con tanta frecuencia. Al referirse a su propia experiencia, la doctora Shapiro cuenta que su condición sin cicatrices y sin magulladuras suscitaba el interés de las mujeres yanomano. Afirma que decidieron "que los hombres a los que había estado vinculada no me querían en realidad bastante". Aunque no podemos concluir que las mujeres yanomano desean que se les pegue, podemos decir que lo esperan. Encuentran difícil imaginar un mundo en el que los maridos sean menos brutales"

"El macho salvaje", Marvin Harris.

Consciente de que estos calores veraniegos no invitan precisamente ni a la reflexión ni al debate, no puedo sin embargo dejar de reflejar aquí algunos de los interrogantes que se me plantean ante un caso que estos días ocupa la atención de los medios de comunicación. Probablemente estaréis todos al tanto del mismo. Hace algo más de una semana un profesor universitario presenció cómo un hombre agredía a una mujer. Al recriminarle su conducta y anunciarle que iba a interponer una denuncia, el agresor se volvió contra él y le propinó una paliza. A consecuencia de ella, el profesor universitario se encuentra actualmente en coma.

Lo que más ha sorprendido de este caso a la opinión pública es que la mujer agredida no ha presentado denuncia alguna contra el agresor, que ha resultado ser su pareja. Por el contrario, ayer mismo declaraba que entre ella y su pareja no hubo más que un forcejeo, que éste no se encontraba en pleno uso de sus facultades cuando llevó a cabo la doble agresión, y que no se siente en absoluto una mujer maltratada. No obstante, dado que la Ley de Violencia de Género permite la actuación penal contra el presunto agresor sin la denuncia de la mujer agredida, la Fiscalía de la localidad en que ésta reside ya interpuso tras el suceso una denuncia por malos tratos contra él. A tal denuncia quiere sumarse ahora la de homicidio en grado de tentativa por parte de la familia del profesor, y también el Ministerio de Igualdad y la Comunidad de Madrid han proclamado que se personarán como acusación en la causa judicial.

No son, obviamente, las denuncias por la agresión al profesor las me generan algún tipo de duda o interrogante, sino el hecho de que la Ley de Violencia de Género obligue a que la violencia contra las mujeres sea denunciada aun cuando sus víctimas nieguen la existencia del maltrato. Así, por ejemplo, los profesionales sanitarios, que se encuentran en la obligación legal de notificar judicialmente de cualquier situación sospechosa de constituir un delito por malos tratos, ya han comenzado a plantearse las paradojas que esta obligatoriedad entraña: son muchas las mujeres que, tras acudir a los centros sanitarios para ser tratadas por lesiones que el facultativo estima fruto de la violencia de sus cónyuges o parejas, o bien niegan sistemáticamente tal origen, o bien lo admiten pero suplican que sus informes médicos no sean presentados ante ningún juzgado. El conflicto que así se produce entre la voluntad del paciente y la obligación del médico provoca que en muchas ocasiones las mujeres se sientan incomprendidas o no respetadas, y dejen de acudir a las consultas o nieguen problemas posteriores con el agresor. De ahí que, desde este mismo ámbito, se haya llegado a la conclusión de que las denuncias efectuadas en contra de la voluntad de la mujer desembocan en numerosos casos en lo contrario del objetivo de protegerla y ayudarla que con ello se persigue.

Ante tal conclusión, y pese a conocer perfectamente los mecanismos psicológicos y sociales por los que las víctimas de la violencia de género se resisten a denunciar a sus agresores, los profesionales sanitarios se han preguntado si no sería más correcto, a la vez que más eficaz, respetar la autodeterminación y autonomía de las mujeres. Pues según el criterio de tales profesionales, podría suceder que, al intervenir en contra de su voluntad, el propio sistema sanitario estuviera proyectando inconscientemente una imagen de amplia tradición histórica que sólo vendría a agravar el problema mismo que se pretende eliminar: la de que las mujeres son seres débiles, incapaces o no suficientemente preparados para tomar las decisiones adecuadas. Por ello, señalan la conveniencia de que el sistema sanitario se ponga al servicio de un proceso integral de formación y apoyo a la mujer que la impulse a cobrar autonomía en la decisión de superar la aceptación de la violencia sin actuar en contra de su libertad.

Lo que yo me pregunto es si resulta coherente que una Ley que, según declara para fundamentar su motivación, aspira a combatir una "violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, de respeto, y de capacidad de decisión", anule igualmente la capacidad de decisión de la mujer a la hora de denunciar o no la violencia ejercida contra ella. Pues más allá de las valoraciones que pudieran hacerse en torno a la imagen de la mujer que la Ley de Violencia de Género fomenta, este interrogante nos enfrenta a otros de mayor calado que emergen del posible conflicto entre la obligación del Estado de proteger a sus individuos y el de respetar sus libertades. Ni en éste ni en otros muchos asuntos, no creo que sea una cuestión trivial el plantearse hasta qué punto y bajo qué supuestos el Estado tiene derecho a legislar para proteger al individuo de y contra sí mismo. Fundamentalmente si ello implica, por principio, atentar contra su libertad de decisión a fuerza de imponer un tutelaje que le prive de su condición de sujeto de responsabilidad.